MARTES 16 Y JUEVES 18 DE SETIEMBRE
ACTIVIDAD DOMICILIARIA
CONTROL DE LECTURA ESCRITA Y ORAL (De
carácter individual)
“EVOLUCIÓN DE LOS
MODELOS ECONÓMICOS EN AMÉRICA LATINA”
Leer atentamente el siguiente texto y responder las
siguientes preguntas utilizando además otros materiales vinculados con lo que
se solicita.
1- ¿Cuáles son las vinculaciones que se pueden encontrar
entre el modelo exportador de Andy Thorpe y Alonso Aguilar Ibarra, en el
trabajo titulado "Los modelos económicos de utilización de recursos
naturales en Latinoamérica", con el nuevo modelo económico neoliberal ?
2- Analice el modelo ISI y vincúlelo con el "impulso
industrial" del Neobatllismo.
3- Teniendo presente las características del nuevo modelo
económico neoliberal que se viene aplicando desde los ochenta en toda América
Latina ¿cómo se viene instrumentando ese modelo económico en el Uruguay?
Debe fundamentar la pregunta citando casos o ejemplos de
políticas realizadas por los distintos gobiernos uruguayos.
Andy Thorpe y Alonso Aguilar Ibarra. Los modelos económicos
de utilización de recursos naturales en Latinoamérica. Ensayos de Economía
(EDeE). No. 36. JUNIO DE 2010. pp. 127-142.
LOS “VIEJOS” MODELOS ECONÓMICOS
Desde el punto de vista histórico, se puede considerar que
la utilización de recursos naturales en Latinoamérica ha pasado por tres
modelos distintos: el exportador (de la época colonial a principios del siglo
veinte), la sustitución de importaciones (casi todo el siglo veinte) y el nuevo
modelo económico o neoliberalismo (desde finales del siglo veinte).
El modelo exportador
El primer modelo, el exportador, fue implantado en la región
desde el tiempo colonial y permaneció en muchos países hasta mediados del siglo
veinte. El origen de este modelo tuvo lugar durante la etapa colonial, durante
la cual los metales preciosos fueron extraídos de muchos países
latinoamericanos. Tal modelo fue impulsado por tres factores externos (pero
inter-relacionados), apoyado en muchos casos con políticas nacionales: la
revolución industrial, la expansión agrícola y el transporte.
a) La revolución industrial. Comenzando en el Reino Unido
alrededor de 1780, la revolución introdujo nuevas técnicas de producción en las
industrias textiles, mientras que mejoras en la producción de hierro/acero y
las innovaciones en la generación de poder (vapor y después electricidad),
ayudaron a expandir la capacidad productiva en los poderes industriales
emergentes (PIE). Esta revolución tiene dos consecuencias importantes para
América Latina. Primero, el crecimiento en la capacidad productiva estimuló la
demanda de recursos agotables, especialmente de minerales como hierro, estaño o
cobre. Ésta era una demanda que los PIE no podían satisfacer con la explotación
de sus minas nacionales. Por lo tanto, se abren oportunidades o afianzamiento
del colonialismo para que los países con tales recursos pudieran beneficiarse a
través del comercio internacional. En Bolivia por ejemplo, las exportaciones de
estaño crecieron de 3,750 toneladas métricas en 1897 hasta 44,590 toneladas
métricas en 1913.
Segundo, las ganancias en la productividad industrial
permitieron una baja en los costos de la producción final industrial y, como la
revolución tecnológica no se difundió a la producción minera o agrícola en
América Latina sino después del siglo diecinueve, los precios de sus productos
subieron por la creciente demanda. Por lo tanto, los términos netos de
intercambio comercial mejoraron para la región a lo largo de la mayor parte del
siglo dieciocho (Schneider, 1981), permitiendo un incremento en la capacidad de
importación, por lo que aumentaron los ingresos por aranceles, cerrando así la
brecha fiscal en varios países.
b) La expansión agrícola. El estímulo agrícola para la
región viene por dos lados. Primero, para reforzar el proceso industrial, los
PIE cambiaron su política de comercio. Liderado por el Reino Unido, de los
1850s en adelante, se derogaron los aranceles designados a proteger los
productores nacionales de la competencia internacional en favor de permitir la
entrada de productos agrícolas provenientes de clima templado pero más baratos,
con el objetivo de bajar los costos laborales y, a través de eso, reducir
todavía más los precios de los bienes industriales. Argentina fue uno de los
principales beneficiaros de esta política, expandiendo su producción de maíz
desde 1.6 millones de hectáreas en 1894 hasta 6.6 millones de hectáreas en
1914, volviendo a ser una de las doce naciones más ricas en el mundo en los años
1920s.
Segundo, la industrialización en los PIE se refleja en el
crecimiento del PIB per cápita y por una demanda creciente por nuevos productos
agrícolas tropicales – entre los cuales podemos destacar el café. Las
exportaciones colombianas de café, por ejemplo, crecieron de 23,000 sacos en
1845 a 1.1 millones de sacos en 1915, aunque es cierto que la mayor importancia
de las exportaciones de café se efectuaron en el siglo veinte.
c) El transporte y la conservación de alimentos. El tercer
estimulo fue el desarrollo de nuevos métodos de transporte así como formas de
preservar los alimentos. El ferrocarril, los buques de vapor y la invención de
la refrigeración ayudaron a sacar cantidades más grandes de recursos de la
región, con menos costos y con menos pérdidas del producto durante la
transportación.
Sin el ferrocarril y la refrigeración en los barcos, las
exportaciones de plátano desde Costa Rica no hubieran ascendido desde casi 111
mil racimos en 1883 hasta poco más de dos millones de racimos, lo que lo
convirtió en el segundo exportador mundial de plátano para 1898. En México, por
ejemplo, el ferrocarril creció de 472 Km. en 1873 a 19,205 Km. en 1910, lo que
fue clave para reducir los costos de transporte (el costo de llevar una
tonelada de algodón entre Querétaro y la Ciudad de México bajó de 61 pesos en
1861 a tres pesos en 1910).
A estos tres puntos se debe agregar el hecho que, en muchos
países, las élites nacionales elevaron su perfil exportador a través de
políticas nacionales dirigidas al apoyo del crecimiento del sector. Un caso
puntual fue Honduras en 1913, cuando el gobierno entregó 162,000 hectáreas
concesionadas al United Fruit Company para cultivar plátano a cambio de la
promesa de construir vías férreas en la costa norte del país.
Finalmente hay que señalar tres cosas. Primero, de acuerdo
con Bulmer-Thomas (1994), el modelo exportador se consolidó a través de la
región –las exportaciones registraron incrementos entre 137 por ciento
(Honduras) hasta más de 3,900 por ciento (Argentina) entre 1850 y 1913, o sea
entre 2.2 y 63 por ciento en promedio por año. Segundo, el portafolio de
exportaciones era dependiente de la extracción de recursos no renovables (los
casos de Chile y Bolivia) o de la explotación de los suelos (Costa Rica y
Venezuela). Además fue muy concentrado: los dos principales rubros de
exportación contribuyeron más de tres cuartas partes de las exportaciones en la
mitad de los países (hasta 96 por ciento en El Salvador). Tercero, la
innovación tecnológica (especialmente en el sector minero) y los avances en el
transporte ayudaron a abaratar el costo de suministrar los productos primarios
y eso, frente a una baja elasticidad ingreso de la demanda por tales bienes,
causaría un deterioro en los términos netos del intercambio comercial a través
del tiempo. Este fenómeno fue notado en el caso de América Latina entre 1870 y
1930 por dos economistas – Hans Singer y Raúl Prebisch – y fue el eje
fundamental para que la CEPAL propusiera en ese momento una nueva estrategia de
desarrollo (ver siguiente sección), la cual tuvo menos énfasis en extraer y
exportar los recursos naturales de la región.
El modelo de sustitución de importaciones
El segundo modelo es la estrategia de sustitución de las
importaciones, la cual intentó reducir la dependencia en mercados externos a
través del propio desarrollo de la producción de bienes industrializados con
destino final al mercado interno. No obstante, este modelo tiene un origen
externo, ya que la Gran Depresión de 1929-1931, así como el crecimiento en la
protección arancelaria por parte de los países industrializados, aunado a la
Segunda Guerra Mundial, cortó las redes internacionales de comercio, lo que
llevó a la CEPAL y a los gobiernos de la región a buscar un nuevo modelo más
acorde con las necesidades latinoamericanas. En esta fase entonces, las
políticas nacionales (especialmente después de los años cincuenta) jugaron un
papel más importante en fomentar caminos propios de desarrollo. Entre las
políticas generalmente aplicadas podemos destacar las tarifas y barreras no
arancelarias para prevenir importaciones seleccionadas y así excluir bienes que
pudieran competir con la producción de la naciente industria nacional. Las
tasas de cambio sobrevaloradas permitieron la entrada de bienes de capital para
consolidar a la industria nacional, así como las tasas de interés
subvencionadas fomentar la inversión industrial. Un régimen fiscal que
favoreciera al sector industrial nacional y restricciones o recortes en la
inversión extranjera en la economía doméstica, incluyendo la nacionalización.
Además, se apoyó la inversión estatal para romper los “cuellos de botella”,
como la falta de infraestructura, educación, suministro de energía y otros
bienes. Y finalmente, la formación de mercados regionales (LAFTA, CACM) para
expandir el mercado regional y organizaciones de “commodities” (OPEC, UPEB,
ITC) para aumentar los precios recibidos en el mercado internacional.
Esta estrategia fue muy exitosa en términos de crecimiento
económico ya que en varios países el PIB creció a tasas entre seis y ocho por
ciento por año entre los años cincuenta y ochenta. Aunque cuando se toma en
cuenta el crecimiento poblacional los incrementos bajan, todavía fueron tasas
aceptables. México, por ejemplo, creció a una tasa real de 3.1 por ciento per
capita por año en este periodo.
Pero ¿cuál fue el efecto de estas políticas en los recursos
naturales? Se pueden distinguir tres tendencias de esta fase a nivel regional.
Primero, el énfasis en industrializarse provocó una demanda creciente por
energía y la crisis energética de 1973 dio un empuje a la exploración y
extracción de petróleo y gas en la región. Mientras que el intento fue
satisfacer la demanda nacional por energía, también permitió aumentar la
exportación de ciertos países. El efecto fue enorme en ciertas localidades –la
explotación petrolera en Tabasco y Chiapas, México en los setenta, por ejemplo,
convirtió a Villahermosa, originalmente un pequeño pueblo ribereño, en una
ciudad portuaria de refinerías con más de un millón de personas (Dore, 2000:
17). Igualmente, esta crisis energética ayudó a fomentar el interés en la
energía renovable, más notoria en Brasil, donde se expandió la capacidad
hidroeléctrica instalada de 18,500 Gigawatts hasta 54,000 Gigawatts entre 1975
y 1985. Durante este proceso, surgieron las primeras inquietudes sobre los
efectos ambientales de las represas (Ferradas, 1998). A finales del siglo
veinte, Brasil tenía más de 600 represas produciendo 96.8 por ciento del poder
de generación del país.
Segundo, el crecimiento industrial también creó una demanda
nacional por otros recursos no renovables, como el cobre y el estaño; aunque
los precios internacionales todavía han tenido una gran influencia en
determinar sus niveles absolutos de producción. En el caso del estaño, por
ejemplo, mientras que el desarrollo de minería a cielo abierto bajó los costos
de producción considerablemente, las actividades del Consejo Internacional de
Estaño a través del uso de cuotas de exportación y reservas estratégicas
(“buffer stocks”) ha favorecido el alto nivel de los precios. Esta alza de
precios ayudó a la empresa estatal de estaño de Bolivia (COMIBOL), uno de los
productores con mayores costos de producción en el mundo, a evitar la
bancarrota hasta los años ochenta.
Tercero, el favorecimiento del sector industrial en los
planes de desarrollo también tiene un efecto en el sector agrícola, lo cual fue
visto como una fuente de ingresos para fomentar el sector industrial (el caso
de las agro-exportaciones) o como fuente de alimentos baratos para sostener la
creciente fuerza de trabajo industrial/urbano. En Centroamérica, por ejemplo,
se le da prioridad al crédito y a los incentivos dirigidos al sector
agro-exportador tradicional, mientras que se introducen programas de reforma
agraria (como en Honduras en 1962, 1972 y 1975) para aumentar la producción de
granos básicos y reducir el número de campesinos sin tierra (Bulmer-Thomas,
1994; Thorpe, 2002). Ambas políticas tuvieron impacto en el uso de la tierra,
tanto extensivo como intensivo.
La fase que corresponde a este segundo modelo llegó a su
término debido a la crisis por la deuda durante los años ochenta. Esta crisis
tuvo un origen interno para muchos países de la región ya que el endeudamiento
resultó por un intento frustrado de avanzar en el proceso de desarrollo
industrial frente a factores externos no favorables –como la recesión mundial y
los aumentos en las tasas reales de interés. Aunque es cierto que los mercados
internos se desarrollaron en esta fase, especialmente en los grandes países
latinoamericanos como Brasil, México y Argentina, en realidad la región quedó
muy abierta al comercio internacional. Igualmente, si comparamos la estructura
de las exportaciones de América Latina en 1985 con la estructura de tres
cuartos de siglo atrás, estos países dependen de la explotación de sus recursos
naturales (incluyendo el suelo, con los cultivos) para conseguir buena parte de
sus divisas (Tabla 3). Sin embargo, los aumentos en las exportaciones son más
elevados en los países que empezaron a aprovechar sus depósitos de petróleo
–como Ecuador, México, y Venezuela, países en donde este recurso llega a
dominar su portafolio de exportaciones. Solamente Argentina y Brasil se han
diversificado lo suficiente como para que los dos principales productos de
exportación no contribuyan más del 30 por cierto al ingreso de divisas.
EL NUEVO MODELO ECONÓMICO
La tercera fase (el “nuevo modelo económico” o programa
neo-liberal), entró en vigencia en Chile bajo el régimen de Pinochet en los
setentas y, en la mayoría de los demás países de la región, en los ochentas –
una década que fue denominada como la “década perdida” por parte de algunos
observadores, dado que el crecimiento económico fue muy bajo o negativo. El
nuevo modelo económico generalmente enfatiza el libre mercado y exhorta a los
países a explotar sus ventajas comparativas en el mercado internacional. Este
sistema se caracteriza, entre otras, por las siguientes medidas:
• Liberalización del comercio, en particular una reducción
significativa en los aranceles, la derogación de otras barreras de comercio y
la depreciación de la moneda nacional a su nivel ‘real’ – no sobrevalorado.
• Reformas fiscales, en particular una reducción del gasto
público y un cambio en la fuente de ingresos estatales a través de la
privatización (corto plazo) y reformas tributarias (ahora con más énfasis en
impuestos sobre el consumo).
• Reformas al mercado de capitales, en particular la
liberalización de las tasas de interés, reformas bancarias y la derogación de
los controles de capital –lo que permitió atraer la inversión extranjera.
• Reformas laborales con el objetivo de facilitar la
contracción y la desvinculación de la fuerza de trabajo.
• Privatizaciones para reducir el papel del Estado en la
economía.
Es cierto que el nuevo modelo dio beneficios de crecimiento
del PIB en los noventa, pero ¿cómo afectó los recursos naturales y el medio
ambiente de la región? Aunque es difícil generalizar, este modelo impactó la
utilización de los recursos naturales en Latinoamérica de tres maneras: a) se
incentivó la producción de bienes mercadeables; b) se favoreció la exportación
de productos no tradicionales y c) se cambió el derecho de la propiedad pública
hacia la propiedad privada. Para argumentarlo, se presentan a continuación cuatro
estudios de caso.
a) Se incentiva la producción de bienes mercadeables
Caso 1: Perú – Fujimori (1990-2000) y el sector minero. Con
la elección de Alberto Fujimori en 1990 se instaló el modelo neo-liberal en
Perú. El siguiente año su gobierno abrió la economía nacional -permitiendo a
los inversionistas internacionales utilizar los mercados nacionales de crédito
e invertir en todos los sectores, mientras que se derogaron las restricciones
de remitir ganancias, dividendos y regalías al extranjero. El mismo año se
ofrecieron paquetes de impuestos preferenciales (de estabilización) de diez o
quince años para inversionistas internacionales –mientras se empezó el proceso
de privatización. En 1996 se aprobó la Ley 26615 –la Ley Nacional de Catastro
Minero– la cual agilizó el proceso para registrar solicitudes y permisos,
revisó las leyes sobre la tenencia de la tierra y centralizó la administración
de concesiones mineras (Bury, 2005: 222-223). Además, la exitosa campaña contra
Sendero Luminoso también mejoró el ambiente inversionista en el sector rural.
¿Cuáles fueron los efectos de la política Fujimorista? En
términos de la propiedad, se privatizaron más de 200 empresas del sector minero
entre 1992 y 2000, generando más de US$1.2 mil millones para el gobierno
–transfiriendo 95% del sector a manos privadas en el año 2000, comparado con el
55% en 1990. En términos del efecto en la inversión minera (solamente en 1992
se registraron más solicitudes o permisos que en todos los quince años
anteriores) con el total de solicitudes y permisos subiendo a 22 millones de
hectáreas en 2000 (4 millones de hectáreas en 1992), lo cual cubre 10% de toda
la tierra en el país. En términos de la producción (como se muestra en la Tabla
4) tiene un efecto dramático en la producción de estaño (al momento que los
precios internacionales disminuían), con incrementos importantes también en la
producción de oro, cobre y zinc durante la década.
b) Se favorece la exportación de productos no tradicionales
Caso 2: Argentina -Menem (1989-1999) y el sector pesquero.
Con la elección de Carlos Menem en 1989 se instaló el modelo neo-liberal en
Argentina. La estabilidad económica impulsó la inversión en el sector, ayudado
por (i) la decisión de permitir la importación de barcos pesqueros para la industria
casi libre de impuestos, (ii) una nueva ley pesquera que agilizó el proceso de
naturalizar buques del extranjero y (iii) un decreto ejecutivo de 1992 el cual
permitió a empresas nacionales alquilar barcos con bandera extranjera. En 1993
el gobierno Menemista concluyó un acuerdo con la Comunidad Europea, la cual
redujo en dos terceras partes el arancel para productos pesqueros argentinos a
cambio de mayor acceso a las aguas argentinas por parte de las flotas europeas.
Además, los altos precios internacionales de la merluza argentina también
favorecieron el ambiente inversionista en el sector.
¿Cuáles fueron los efectos de la política Menemista? En
términos del efecto en la inversión pesquera, entre 1991 y 1995 el número de
buques pesqueros argentinos pasó de 263 a 371, mientras que el tonelaje bruto
registrado de la flota casi se duplicó, de 129 mil toneladas hasta 213 mil
toneladas.
En términos de la propiedad, los mayores beneficiarios
fueron los nuevos inversionistas nacionales con barcos que contaban con
procesamiento y enfriamiento, así como inversionistas internacionales de
España, Japón, Corea y Taiwán, los cuales entraron en proyectos “joint-venture”
asociados con sus contrapartes locales, mientras que varias empresas
tradicionales enfrentaron la bancarrota. En términos de la producción, la
explotación de la merluza argentina y el valor de las exportaciones pesqueras
casi se duplicó entre 1990 y 1995 (Figura 1). Sin embargo, dio como resultado
la sobreexplotación y, aunque se introdujo una nueva ley y cuotas para proteger
esta pesquería, fue muy tarde y - hasta ahora- ni la producción ni las
exportaciones pesqueras alcanzan los niveles de la década anterior. Además y,
simultáneamente, se incentivó la producción de nuevos bienes comerciables. Por
ejemplo, la diversificación en las exportaciones fue un punto clave en el
crecimiento económico per capita entre 1980 y 2003 (Agosin, 2009: 128-130).
Caso 3: Honduras: neo-liberalismo y el sector camaronero.
Aunque el nuevo modelo económico en Honduras data del gobierno de Rafael
Callejas en 1990, el sector camaronero ya se había beneficiado desde antes por
políticas verdaderamente neo-liberales. El Decreto 37 de 1984 introdujo el
Régimen de Importación Temporal (RIT), el cual permitió que empresas desarrollando
nuevos tipos de exportaciones (no tradicionales) pudieran importar bienes de
capital libres de arancel y gastos administrativos, otorgando exenciones para
pagar impuestos en las ganancias por un periodo de diez años.
Junto con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de los
Estados Unidos, el cual permitió la entrada libre de impuestos de exportaciones
no tradicionales al mercado norteamericano, se dio un fuerte empuje al
desarrollo del sector. El Acuerdo 229 (1991), aprobado bajo el mandato del gobierno
de Callejas, el Ministerio de Turismo y el DIGPESCA promovieron el alquiler de
tierras de la costa del Pacífico a inversionistas por precios de US$1-5 (3-15
lempiras) por hectárea y, aunque el proceso concesionario fue más tradicional
que neo-liberal, en el sentido que fue burocrático y costoso (involucrando 47
pasos y 5 agencias – tardando 14 meses y costando alrededor de US$2,500 por
aplicación), esto no disuadió a las inversionistas (Stanley y Alduvin, 2000:
13-15).
¿Cuáles fueron los efectos de tales políticas? En términos
del efecto en la inversión camaronera, la expansión desenfrenada del sector
siguió hasta 1995, al punto que se otorgaron 25,100 hectáreas de concesiones
poniendo alrededor de 34% de la costa del Pacífico bajo el control camaronero.
En términos de la propiedad estas concesiones quedaron en manos de 88 empresas
locales, es decir, un promedio de 285 hectáreas por empresa. En términos de la
producción (Figura 2), ésta se duplicó entre 1990 y 1995, con el área de
producción estabilizándose alrededor de 14,000 hectáreas.
El aumento en las exportaciones fue más notorio, creciendo
más de cuatro veces durante la década de los noventa. Este aumento convierte al
camarón en el tercer producto más importante de exportación del país, pero ha
enfrentado fuertes preocupaciones sobre la destrucción de los manglares y la
contaminación del agua (Stonich y Bailey, 2000: 23-25). De esta manera, el
gobierno trató de manejar la expansión, exigiendo la realización de un estudio
de impacto ambiental antes de entregar la concesión solicitada (1993),
imponiendo una moratoria a la expansión del sector (1996), y designando casi
70,000 hectáreas de la costa sur como áreas protegidas (1999).
c) Se cambió el derecho de la propiedad pública hacia la
propiedad privada
El nuevo modelo económico, a través de la privatización,
ofrece oportunidades al sector privado a entrar en nuevas áreas de producción y
distribución –los cuales pueden incidir en el uso y manejo de los recursos
naturales. Además, se abre la puerta a la inversión extranjera en tales campos.
Lo importante aquí es, primero, que los intereses y objetivos privados tal vez
no son iguales a los intereses y objetivos públicos y segundo, los intereses y
objetivos de inversionistas internacionales tal vez no son iguales a los
intereses y objetivos de inversionistas nacionales. ¿Cómo puede esto afectar al
manejo y uso de los recursos naturales? Para responder a esta pregunta se
presenta el cuarto estudio de caso: Cochabamba, Bolivia.
Caso 4: Cochabamba, Bolivia y la guerra del agua. De acuerdo
con Nickson y Vargas (2002) y Assies (2003), el servicio de agua potable había
sido suministrado a la población de Cochabamba por la empresa municipal SEMAPA
desde 1967. Sin embargo, su cobertura solamente llegaba al 57% de los
residentes (mientras se pierde más del 50 por ciento del suministro por fugas
en un sistema inadecuado de distribución) y con una demanda no satisfecha
estimada en 39 por ciento, el racionamiento se volvió muy común en las
temporadas secas Además, como consecuencia de las tomas ilegales (5-10 por
ciento del suministro) y la falta de pago de facturas, SEMAPA tenía un déficit
financiero de alrededor de US$30 millones. Para renovar el sistema nacional, el
gobierno neo-liberal de Hugo Banzer aprobó la Ley 2029 (La Ley de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) en 1999. Esta ley ofreció concesiones
de 40 años de suministro de agua -bajo ciertas condiciones– a empresas
estatales y privadas. La concesión-monopolio de Cochabamba fue ganado por una empresa
internacional –Aguas del Tunari– y el contrato firmado entre la empresa y el
Estado vio la compañía asumiendo la deuda de SEMAPA y prometiendo: i) reparar
los tubos para reducir las pérdidas del liquido, ii) aumentar la cobertura
hasta el 90 por ciento en 2004 (100 por ciento para 2034), y iii) participar en
el proyecto MISICUNI –para resolver el problema de escasez de agua en el
pueblo. Por su parte, la compañía aseguró el derecho de aumentar las tarifas
cobradas hasta el 35 por ciento en 2000 y 20 por ciento más en 2002 - para
cubrir estos gastos y también garantizar un retorno del 16 por ciento en el
capital invertido a la empresa. Así, el 1o de enero de 2000, las tarifas
aumentaron en un promedio de 35 por ciento. Sin embargo, como se implementó un
nuevo sistema tarifario, para algunos consumidores (muchos de ellos de clase
alta y con un alto consumo del líquido), el incremento ascendió entre 106 y 200
por ciento. Esto provocó manifestaciones en las calles y, frente a esta
protesta social, el gobierno anunció una rebaja en las tarifas del 20 por
ciento en febrero y después, en abril, la concesión fue revocada: Aguas de
Tunari salió de Bolivia (Nickson y Vargas, 2002; Assies, 2003).
En resumen y generalizando estos cuatro estudios de caso, se
puede señalar que, aunque el crecimiento económico fue restaurado (y algunos
observadores sugieren que la pobreza también se redujo) bajo el régimen
neo-liberal, esto fue acompañado con un creciente énfasis en el comercio
internacional como herramienta de desarrollo. En Latinoamérica esto se tradujo
en una creciente explotación de los recursos energéticos y minerales, mientras
que la expansión de las exportaciones agrícolas pusieron más presión en el
suelo y el agua para riego, así como un aumento en la deforestación. Aunque el
nuevo modelo también puede ayudar a conservar los recursos naturales por medio
de instrumentos como el precio como una señal de su escasez (como en el caso
del agua en Bolivia), su éxito dependerá de que existan las instituciones, los
reglamentos y algo crítico, la voluntad política (o ausencia de corrupción)
para lograrlo.
Al comienzo del Nuevo Milenio, una combinación de factores –
entre ellos “el efecto China”, los altos niveles de crecimiento económico a
través del mundo, las tasas de interés bajas y un creciente interés por parte
de inversionistas en “commodities” como el estaño, el petróleo y los alimentos,
reforzó el crecimiento de exportaciones – y a través de eso – el crecimiento
del PIB a lo largo de Latinoamérica, ejerciendo más presión sobre la
explotación de suelos y la extracción de minerales. Entre octubre de 2001 y
abril de 2007, el precio internacional del estaño y del zinc se cuadruplicaron,
el precio del cobre aumentó cinco veces y el del níquel diez veces. Y bajo esta
tendencia alcista de precios, comenzó la crisis global.
CONCLUSIÓN
La historia económica es una forma útil de analizar modelos
de utilización de recursos naturales. Así, se han presentado las diferentes
etapas de su uso en Latinoamérica, desde la época colonial hasta el presente.
Un patrón que se ha repetido durante este lapso es la exportación como puntal
del desarrollo regional, aún a pesar del modelo de sustitución de
importaciones. Si durante la época colonial predominó la extracción de metales
preciosos y productos tradicionales, más recientemente ha habido una
diversificación (incluyendo las exportaciones no tradicionales), pero bajo el
mismo principio de obtención de divisas.
Es claro que, entonces, una crisis financiera global, tendrá
repercusiones fuertes por la disminución de la demanda. Aunque este efecto será
temporal, es una buena oportunidad de reflexionar sobre estos modelos de
desarrollo basados siempre mirando al exterior. Los recursos naturales pueden
seguir siendo fuente de divisas pero promover el desarrollo de una industria de
la transformación, sustentable, con tecnología propia y diversificada, para
generar productos con valor agregado y con más opciones de consumo para los
habitantes de la región, puede ayudar a sentar las bases para un crecimiento
sostenido. Esto contrastaría con la extracción-exportación de materias primas,
cuya renta económica si no se disipa por la sobre-explotación, se transfiere a
terceros países, manteniendo la desigualdad y el deterioro ambiental, que hasta
el momento ha sido generalizado en Latinoamérica.
